El ex intendente de Santa Elena y ex vicegobernador de la provincia, Domingo Daniel Rossi (PJ), recientemente condenado a prisión condicional por enriquecimiento ilícito, le envió un "mensaje" al gobernador, a través de un operador político, solicitándole que vea la posibilidad de que, antes de finalizar su mandato, decida su indulto y pueda así ejercer cargos públicos. Dentro de la sentencia judicial, se le impuso que, por ocho años, no podrá ejercer cargos públicos y tal instancia podría ser "perdonada" por el gobernador, previo informe del Superior Tribunal de Justicia (STJ), tal como sucediera en el segundo mandato de Busti, cuando indultó a dos ex funcionarios radicales condenados por irregularidades en la administración del ex Banco de Entre Ríos (BER), entre 1986/87. La información fue confirmada a ANALISIS DIGITAL por una alta fuente gubernamental, quien a su vez expresó que Busti habría rechazado "en forma terminante" el planteo de Rossi.
El encuentro entre el mencionado "operador" -cuyo nombre no trascendió- y el gobernador Busti, se produjo la semana pasada en la Casa de Gobierno. El hombre en cuestión llegó hasta el despacho oficial para analizar con el mandatario la situación política del PJ del Departamento La Paz -en función de las elecciones nacionales de octubre y la conformación de la lista de convencionales constituyentes- y en ese marco le planteó la petición de Rossi, "no solo en nombre del ex intendente, sino también de parte de varios referentes del PJ", quienes incluso estarían dispuestos a firmar un petitorio al respecto, para presentarlo al primer mandatario. Pudo saberse que Rossi en persona viene hablando con varios dirigentes del territorio paceño, solicitándoles a cada uno la adhesión pertinente.Al parecer, Rossi basaría su pedido en el indulto que dispuso Busti a fines de su segunda Gobernación (1995-99), cuando permitió que dos de los ex integrantes de la conducción del entonces Banco de Entre Ríos (ex BER), entre 1986 y 1987 -pleno gobierno de la primera gestión del radical Sergio Montiel- que habían sido condenados e impedidos de ejercer cargos públicos por varios años, por graves irregularidades cometidas, dejaran de tener tal pena administrativa. La denuncia en contra de los ex funcionarios radicales Jorge Muñoz y Hugo Doval, había sido presentada por el propio Busti a poco de asumir como gobernador por primera vez -en diciembre de 1987- y fue patrocinado por el abogado Julio Federik. Precisamente Federik es el abogado defensor de Rossi desde el momento en que fue denunciado por el semanario ANALISIS, en 1997.Cabe recordar que Rossi fue condenado después de 9 años de investigación judicial, donde se comprobó que, entre 1983 hasta 1997 en que fue denunciado, dispuso de cuentas corrientes en bancos de la República Oriental del Uruguay, tanto a nombre de él como de varios de sus familiares directos como su ex esposa, su madre jubilada y su hermana. De acuerdo al trabajo del fiscal José María Chemes -lo que fue expresado en la acusación, en pleno juicio oral-, Rossi llegó a tener cerca de 5 millones de dólares en sus cuentas en los principios de la década del '90 -lo que coincide con la etapa de privatización del ex frigorífico regional Santa Elena, ahora en manos del empresario Sergio Taselli-, pero por las cuentas llegaron a moverse cerca de 48 millones de dólares, tal como lo había consignado en su momento el juez de Instrucción de La Paz, Carlos Trajtember. ("Una más: el condenado Domingo Daniel Rossi pretende ahora que Busti lo indulte y poder así ejercer cargos públicos" extraido de Análisis Digital)
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