miércoles, 30 de mayo de 2007

LOS POLITICOS SEGUN URRIBARRI



"La mayor parte de los delincuentes no roba para comer. Roba para dañar, para obtener cosas, para hacerse de recursos sin trabajar y para sostener el vicio".
(Autocrítica del gobernador electo por Entre Ríos en diario UNO, Septiembre del 2004)

miércoles, 23 de mayo de 2007

QUEMA DE 12 TONELADAS DE MEDICAMENTOS


BUSTI VE TODO POSITIVO. Al hacer un balance, Busti señaló “los buenos resultados” de las políticas que en materia de Salud se han desarrollado en lo que va de la actual gestión, a pesar de los distintos cambios de autoridades en el área. Entre otras cuestiones, puntualizó la puesta en funcionamiento de dos hospitales que en la anterior gestión se habían mantenido cerrados, la disminución de los índices de mortalidad infantil, por debajo de la media nacional, el envío en tiempo y forma de las partidas hospitalarias, la regularización de la situación de los contratados, la promulgación de la Ley de Enfermería y la incorporación de los despedidos de la Ley 9235.“Si hay fallas en algunos lugares, nosotros tomamos las medidas que sean necesarias y vamos a gobernar hasta el 10 de diciembre haciéndonos cargo de todos los problemas”, enfatizó el Gobernador.

QUEMA DE MEDICAMENTOS: "FALLÓ LA COMUNICACION"

El ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet, aseguró que en el proceso por el cual se destruyó un stock de medicamentos que estaba en el sótano de la Secretaría de Salud, “lo que falló fue la comunicación”.
De todos modos, afirmó que todo se hizo “siguiendo el protocolo habitual” que se lleva delante en estos casos. Aclaró que él no había acordado ningún procedimiento con las autoridades de Salud, sino que “se me comunicó que se había procedido a la destrucción de medicamentos y otros elementos descartables que estaban almacenados en un sótano de la Secretaria de Salud y que se encontraban allí por el incendio que se había producido en el galpón de Bajada Grande en septiembre de 2003, en la gestión anterior”. En el mismo sentido, indicó que “no tenía conocimiento de la existencia de este stock de medicamentos en la Secretaria de Salud”, al tiempo que agregó “a mí me comunicaron que entre estos medicamentos que estaban almacenados, había algunos vencidos y otros no, pero se había decidido sacarlos de circulación porque podían estar alteradas las formulas químicas y constituían un factor de riesgo”. (dIARIO LA CALLE ON LINE)

Los días de Domingo Daniel Rossi fuera de la intendencia: operetas, vendetas y mentirillas


Tiene una oficina frente al edificio municipal, en la sede del PJ. Está distanciado de su mujer, la diputada electa Patricia Díaz. Aunque terminó acatando la obligación de dejar el cargo, Rossi no cumple con la parte del fallo que lo condena.

“Si llega a ver un papel tirado en la calle, por favor me llama”. La frase, puesta en voz del entonces todopoderoso intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, contenía muchos mensajes a la vez. Eso fue lo que le dijo a este enviado de este semanario –en noviembre último– el hombre que todavía resistía la destitución al frente de la Intendencia. Frase pintoresca y cuasi desafiante que quedó fuera de la entrevista porque el punto de interés era otro.Uno de los mensajes encriptados en esas palabras disfrazadas de pulcritud es el que revela que Rossi mantuvo el control total de su ciudad, incluso hasta del destino final del papelito que tira un chico después de desenvolver un caramelo. Es cierto, la plaza brillaba y al pasto se lo cortaba antes de que se anime a crecer; sólo que por esos días nadie discutía el aseo de la ciudad sino que el interés periodístico estaba centrado en la desventura de una ciudad gobernada por un político que ha sido condenado por enriquecerse ilícitamente al ritmo en que la población se empobrecía.Bajado Rossi por imperio de lo que quedó de una ley –diezmada por el actual oficialismo provincial– que no le permite a los intendentes condenado seguir gobernando, en Santa Elena apareció la contracara de lo que ese intendente entiende por una ciudad bien gobernada. El primer día de su ausencia tuvo como resultado una ciudad invadida de basura (...)

Bunker o municipio paralelo

Todas las mañanas hace la misma rutina. Se levanta temprano y a la hora habitual llega a su oficina. No ya en el edificio municipal, sino a la sede del Partido Justicialista ubicada también frente a la plaza principal. Allí recibe gente en audiencia y se muestra rodeado de la misma cofradía cortesana que lo acompañó en el despacho oficial. Le atienden el teléfono, le sirven el mate cocido y le llevan la agenda como si fuera el intendente en funciones.Domingo Rossi atiende desde el Partido Justicialista a quienes reclaman por el corte de servicios y la demora en el pago de los planes sociales. Nada importa si el dinero de la asistencia llega de la Provincia; el ex vicegobernador ha demostrado que él maneja aun la política del hospital público dependiente del Estado provincial. Incluso algunas voces críticas advierten que tiene fuerte incidencia sobre la Policía, de cuyas filas más encumbradas a nivel local salen los visitantes habituales del intendente en su nuevo refugio desde el 16 de abril, día en que se alejó oficialmente de la función.Nadie obligó políticamente a Rossi a acatar sus obligaciones a partir de la ratificación del fallo. Diez días antes, el intendente condenado aseguraba que tomaría licencia por dos semanas para atender su causa judicial. Sonaba increíble semejantes declaraciones que bien podría sintetizarse: se va porque quiere, no porque lo manda la ley y la Justicia. Había dicho también que al frente del Municipio quedaría su sobrino Leonardo Pérez, un abogado que preside el Concejo Deliberante.Hasta que algún asesoramiento a tiempo le hizo ver que no convenía seguir desentendiéndose de su obligación de condenado y que era momento de dar un paso al costado. Algunas voces autorizadas dicen que Rossi acató cuando le hicieron ver que no convenía ir a pedirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revise el fallo sin cumplirlo.

EL CRONISTA DIGITAL (EXTRACTO) 14.5.2007

martes, 22 de mayo de 2007

EL DIPUTADO ALLENDE OCUPO UNA CALLE PARA AMPLIAR SU QUINTA




La construcción es pretenciosa y con el estilo de un nuevo rico: tiene pileta de natación, mucho parque y más verde, un solarium y atrás, al fondo, se amplía con glotonería. Al frente, en el portón de dos cuerpos hecho de hierro forjado, se destacan tres letras puestas en un sitio relevante: “JAA”. Las iniciales del dueño de casa.La propiedad, ubicada en la localidad de Sauce Montrull, a 20 kilómetros de Paraná, sobre la ruta nacional Nº 12, pertenece al diputado provincial justicialista José Ángel Allende, a la vez titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). No es la única celebridad del firmamento político que ha puesto sus reales en ese sitio. Antes tuvo su quinta allí el radical Miguel Rettore, y ahora un recién llegado despierta no pocas miradas de sorpresa entre los lugareños: el dirigente del sindicato de los municipales, Hugo Vásquez, que también adquirió su casa de fin de semana. Pero la quinta que más llama la atención es la de Allende. Al fondo, la propiedad del legislador muestra una ampliación reciente, que se extiende más allá de los límites permitidos. Con la venia de las autoridades de la Junta de Gobierno de Sauce Montrull, construyó una gran tapia que protege de miradas fisgonas el parque de la quinta, que se asienta sobre terrenos públicos.La calle Epifanio Martínez, cuya traza va en forma paralela a la ruta, debe hacer un rodeo cuando se topa con los fondos de la quinta de Allende, en cuyo interior quedó ahora no sólo la línea de alumbrado público sino también la red de agua potable debido a la ampliación de la propiedad que avanzó sobre terrenos fiscales. Es una paredón de 15 por 30 metros que cubre un parquecito primoroso, verdísimo. En terreno ajeno. PLAZA AUSENTE. María Inés Meroi, presidente de la Junta de Gobierno de Sauce Montrull, dice que la ocupación de la calle por parte del diputado, está amparada por un convenio de partes que se firmó en 2006. “Mientras no se ocupe como calle, y ya que no podemos mantener eso, hicimos un arreglo, y él propuso darnos los juegos infantiles para las dos plazas y una plazoleta que vamos a hacer en Sauce Montrull. Ya los tenemos, están guardados en un galpón. Creo que gastó alrededor de 17 mil pesos en la compra de esos juegos. El arreglo es que lo va a usar y lo va a tener cercado mientras no se use la calle. Incluso, no hay un límite de tiempo. Si dentro de 30 años se ocupa la calle, chau paredón”, dice María Inés, sentada en su escritorio de un local que es a la vez vivienda particular y oficina de correos.Las plazas, claro, todavía no están construidas. En agosto, para el Día del Niño, probablemente aparezcan. “Es verdad, la plaza no está. La estamos armando. Políticamente pude usar lo de las plazoletas para ganar las elecciones de marzo (NdelR: Meroi, justicialista, perdió en Sauce Montrull frente al radicalismo). Pero acá la división del justicialismo fue fea, y tuve miedo de que rompieran los juegos como parte de la disputa partidaria. Ahora, la idea es inaugurar todas las plazas para el Día del Niño. Con una gran fiesta”, dice la funcionaria.BUEN INVERSOR. La actual presidenta de la Junta de Gobierno de Sauce Montrull desciende de una familia con linaje en la zona. Es hija de Arturo Antonio Meroi, primer presidente de Junta de Gobierno de la provincia, en los primeros 70, en la época del gobernador Cresto.El lugar debe su nombre a un hacendado de la zona de apellido Montrull que adquirió un peculiar renombre por permitir el paso por la zona de las tropillas sólo mediante el pago de peaje. Hoy el poblado tiene un perfil propio, elegido por muchos como lugar de descanso. Cuenta con una población de 1.100 habitantes, aunque tiene la categoría de segunda, y por eso la remesa de fondos que reciben mes a mes apenas llega a los 4.000 pesos. “Con eso no podemos hacer mucho”, se lamenta la presidenta. Quizá por eso debe apelar a acuerdos peculiares para urbanizar el pueblo, como el que rubricó con el diputado y así poder contar con espacios verdes, de los cuales hoy carece Sauce Montrull. Meroi dice que el diputado Allende actuó con espíritu de buen ciudadano, que amplió su quinta para resguardar los bienes públicos. “Nosotros ahí teníamos un gravísimo problema, porque se juntaban roedores, el alumbrado público vivía roto, porque lo rompían, y había problemas de inseguridad. Entonces, el diputado propuso mantener eso, pero dijo que necesitaba cerrar, entonces acordamos hacer un convenio. Mientras no se utilice como calle, se acordó que él lo cerque”, señaló.Los detalles se han visto demorados, sin embargo. Todavía por dentro de la quinta de Allende pasa la línea de alumbrado público y la red de agua potable. Pero Meroi dice que no se violentó ninguna norma en la cesión de terrenos públicos para uso privado. “Pedimos informes a Catastro, para ver si se podía hacer, para no tener problemas. Soy enemiga de los usurpaciones, que hay muchas en la zona”, afirmó.El dato200.000 DÓLARESEl diputado José Ángel Allende adquirió la quinta de Sauce Montrull a mediados de la década de 1990 al médico Oscar Remedi, y entonces habría tenido un valor de unos 200 mil dólares, según publicó el semanario Análisis

LA ISLA DE CASTRILLON




Paraná, 3 de enero (La GACETA on line)
03-01-2006
Denuncian por usurpación al diputado Emilio Castrillón

- El legislador fue denunciado en la Justicia santafesina, por haber ocupado una isla en San Javier · El campo está ubicado frente a la costa entrerriana a la altura de La Paz · Desembarcó con animales y construyó un alambrado ocupando 100 hectáreas que le pertenecen a su vecino. Acumula dos denuncias por usurpación y pese a las órdenes judiciales, el diputado provincial Emilio Aroldo Castrillón, desembarcó cerca de 100 animales en una isla de San Javier, provincia de Santa Fe, y construyó unos 500 metros de alambrado en un terreno que no le pertenece. La isla en cuestión está ubicada en San Javier, frente a la costa entrerriana a la altura de la ciudad de La Paz, donde el diputado es oriundo. El conflicto por la tenencia de esas hectáreas comenzó hace más de un año y medio y pese a las denuncias interpuestas por el propietario y las medidas judiciales, el legislador sigue trasladando sus animales a esa zona para su engorde. La primera denuncia se interpuso en septiembre de 2004, en el Juzgado Correccional Nº 3, a cargo de Orlando Pascua y hasta el momento no ha habido avance en la causa. En la exposición judicial, el propietario de la isla, Luis Antonio Audisio, acusó al diputado entrerriano de haber usurpado su campo, denominado Las Palmas. Vía carta documento, Castrillón se defendió de las acusaciones y dijo que el Gobierno santafesino le concedió, en carácter de “cuidador” y “representante”, la isla fiscal Don Roberto, que según el denunciante es “inexistente”. Aunque el trámite judicial sigue su curso y, a la fecha no se produjo ningún avance en la causa, en diciembre de 2005, el apoderado legal de Audisio se presentó nuevamente en el juzgado santafesino para interponer otra denuncia contra el diputado. Esta vez, por haber desembarcado animales en la isla de su propiedad y por haber construido un alambrado de 500 metros en el inmueble, ocupando 100 hectáreas que no le pertenecen. La isla Las Palmas, de acuerdo a los títulos de propiedad a los que tuvo acceso EL DIARIO, pertenece a la firma Audisio Sociedad Anónima, desde 1988, sin embargo Castrillón dice ser el “cuidador” ad honorem de esa isla, tal cual se lo concedió el Gobierno de Santa Fe. Pero hay una confusión respecto de los límites. Según consta en la última denuncia, Castrillón es propietario de un campo que se encuentra al norte del arroyo Las Palmas y dispuso construir un alambrado ocupando unas 100 hectáreas de las tierras de su vecino Audisio. “(...) Castrillón es propietario de una isla que se encuentra al norte del arroyo Las Palmas el cual divide mi propiedad de la de él, ha procedido a construir mediante personal a su cargo un alambrado de unos 500 metros aproximadamente dentro de mi propiedad corriendo el límite de su isla hacia la mía, lo cual me afecta en mi derecho. Que fui informado de esta situación por el capataz de la isla, el señor Ojeda”, expusó Audisio en la denuncia. No sólo por el alambrado, Castrillón está marcando terreno sino que también —como para que no queden dudas— colocó un viejo pasacalles de una campaña política que lleva su nombre. “La conducta desplegada se revela como con una clara intencionalidad de ingresar de hecho, por la fuerza, a mi propiedad, usufructuando bienes de la sociedad que presido, sin ningún tipo de derecho. La situación planteada, como asimismo la actitud tomada por el señor Castrillón, no han dejado otra alternativa al suscripto, que radicar la presente denuncia, toda vez que no existe absolutamente ningún elemento que pueda justificar ni tan siquiera por error construir dicho alambrado en mi propiedad”, explicó Audisio. Planteado el conflicto, el legislador ahora estaría gestionando en la provincia de Entre Ríos que esas tierras sean anotadas en jurisdicción entrerriana, pese a que en la carta documento adujo que el Gobierno santafesino le había concedido ser el cuidador ad honorem. Tras un cruce de cartas documento, Castrillón le advirtió a Audisio que “mis animales fueron desembarcados en la isla Don Roberto de propiedad del Superior Gobierno de la provincia de Santa Fe, no importando a esta parte si usted reconoce o no mi carácter invocado”, que lo hecho no fue con la intención “de apoderarme en forma indebida del inmueble”, para lo cual, “deberá ejercer en una acción de mensura, deslinde, y acreditación de propiedad y pertenencia del islote”, señaló el legislador paceño. Castrillón agregó “que la hacienda de mi propiedad y el personal a mi cargo en el islote Don Roberto, permanecerá en el lugar hasta que exista una orden judicial en sentido contrario”. Asimismo, señaló que a la “usurpación” la cometió Audisio “y para colmo en isla fiscal”. Incluso, Castrillón llegó a plantear en la carta que “nuestro personal y hacienda únicamente se retirará luego de un combate armado si lo prefiere”. El 15 de diciembre último, el conflicto se agudizó. Audisio —quien en años anteriores había tenido como escribano al padre de Castrillón en algunas operaciones— acudió a Tribunales de Santa Fe a denunciar que el diputado justicialista —a quien reconoce como “propietario de una isla que se encuentra al norte del arroyo Las Palmas”, que divide su propiedad con la de él— ordenó la construcción de un alambrado de unos 500 metros, dentro de la propiedad de la firma Audisio SA. La mencionada tarea la llevaron a cabo cuatro obreros y el capataz de Castrillón, que percibiría haberes en la Secretaría de la Producción. “La situación planteada genera un gran riesgo a futuro para mi persona, ya no sólo por la vulneración del derecho a la propiedad, que está palmariamente demostrado con la injusta intromisión, sino con los riesgos que esto conlleva para con la hacienda que se encuentra a mi cargo en la isla, en lo referente a que al construir un alambrado dentro de mi propiedad, seguramente hay animales que quedarán del otro lado, perdiendo el suscripto toda posibilidad de controlarlos y realizar los trabajos sanitarios a los mismos”, indicó Audisio en su presentación ante el Juzgado Correccional de la Octava Nominación de Santa Fe. Según relató el abogado de Ausidio, tras la presentación judicial, el día 21 de diciembre, personal policial de la Guardia Rural Los Pumas se constituyó en el lugar, con una orden del juez, en la que se le ordenaba a Castrillón que se abstenga de seguir construyendo el alambrado en la isla, al no ofrecer derechos de propiedad. Pero la orden judicial pasó inadvertida para el legislador entrerriano y al día siguiente, los obreros y el capataz volvieron al lugar y siguieron con la construcción, ya que según dijeron era una orden de Castrillón, informó El Diario. (La GACETA on line)