ENTRE BOMBEROS NO NOS VAMOS A PISAR LA MANGUERA

El Estado entrerriano desistió de iniciar acciones disciplinarias contra la ex concejal paranaense del Partido Justicialista Liliana Morard, empleada de planta de la Dirección de Arquitectura y Construcciones, condenada en 2006 por la Justicia como responsable del delito de fraude a la Administración Pública por el uso irregular de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de casi 1 millón de dólares que desvió para costear los gastos de campaña del justicialismo, en el año 1997.El decreto número 8.405 del Ministerio de Gobierno, del 19 de diciembre de 2006, publicado en el Boletín Oficial el 5 del actual, declaró “extinguida la potestad administrativa disciplinaria del Estado con respecto a la agente Morard de Castoldi Liliana Teresita, DNI número 12.133.325, legajo número 109.022, categoría 6, de conformidad a las consideraciones de hecho y derecho expresadas en los considerandos del presente y ordenar en consecuencia el archivo de estas actuaciones”.La Dirección de Sumarios cayó en la cuenta que “la potestad administrativa del Estado con respecto a la sumariada se ha extinguido por habérsele otorgado el beneficio de jubilación por invalidez”. En efecto, la ex edil no pudo ser indagada en su calidad de empleada de la Administración Pública durante la sustanciación del sumario “por haber presentado sucesivos certificados médicos que diagnosticaban trastornos depresivos, lo que le impedían declarar”, dice el texto del decreto. En realidad, a través del decreto número 7.132 del Ministerio de Salud y Acción Social, fechado el 24 de octubre de 2006, se le concedió el beneficio de jubilación por invalidez. O sea, quedó a salvo de toda reprimenda, aunque sea la más mínima. La ex concejal Morard fue condenada en marzo de 2006 a la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. Y como medida accesoria se le impuso, “como reglas de conducta a cumplir por la condenada”, según el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ): a) fijar residencia, la que no podrá variar sin autorización del Tribunal; y b) realizar trabajos no remunerados, fuera de su horario habitual de tareas, en favor del Hogar Ángeles Custodios de Paraná, por el término de dos años y cuatro meses “a razón de cuatro horas semanales”.En abril último, el STJ confirmó aquella sentencia y rechazó un recurso de casación que había sido presentado por la defensa de Morard, y de los otros dos involucrados en el affaire del ATN, el ex secretario de Reforma del Estado de la segunda administración del gobernador Jorge Busti, Oscar Mori; y Gabriel Sola, que junto a la ex edil regentearon la Asociación Civil de Integración Solidaria (Aciser), la entidad que gestionó ante el Ministerio del Interior de la Nación aquel ATN por casi un millón de pesos, que en épocas de la convertibilidad era lo mismo que dólares.De ese modo, la Sala Penal del alto tribunal —integrada por Daniel Carubia; Miguel Carlín y Carlos Chiara Díaz— confirmó la condena que pesaba sobre Morard, Mori y Sola, condenados como coautores material y penalmente responsables del delito de fraude a la Administración Pública. Mori recibió una condena de tres años condicionales; en tanto que a Morard le dieron, en las mismas condiciones, dos años y cuatro meses, y a Sola le correspondió una pena de dos años. Los tres, además, fueron obligados a cumplir tareas comunitarias: Mori en el Hospital de Niños San Roque, y Morard y Sola en el Hogar Ángeles Custodios.La sentencia del STJ cuenta con pelos y señales aquel desliz millonario. Así, detalla que “durante el transcurso del año 1997, en connivencia o de común acuerdo entre todos los sindicados”, Mori, Morard y Sola gestionaron e impulsaron el trámite de asignación de sendos ATN, uno por 465.000 pesos, y un segundo, por 500.000 pesos, “habiendo incluso, para la obtención de este último, falsificado la firma del entonces gobernador de la provincia, Jorge Pedro Busti”. Ambos aportes tuvieron trámite favorable. El primero, por la suma de 465.000 pesos, fue cobrado en el Banco de Entre Ríos, casa central, por Morard el 9 de octubre de 1997, mientras que el segundo, por un importe de 500.000 pesos, lo fue por Marcelo Sola, el 7 de noviembre del mismo año. “Todo ello, con el objeto de utilizar dichos fondos públicos para un destino distinto del aparente para el que fueron solicitados y específicamente otorgados; pretensión que efectivamente concretaron al invertirlos con otras finalidades diferentes de las asignadas”, señaló el Tribunal.A criterio de la Justicia, los integrantes de Aciser “no lograron acreditar, satisfactoriamente y en legal forma, su aplicación conforme a destino, ni mediante la irregular rendición de cuentas que presentaron ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, ni durante el posterior juicio de cuentas que consecuentemente practicara”, el ente de contralor. Aciser intentó justificar el uso de aquellos fondos en la compra de tres ecógrafos y un mamógrafo destinados a diversos hospitales, pero el tribunal rechazó la documentación, y descubrió que los aparatos en cuestión habían sido comprados con otros fondos. La piedra de toque que desató las sospechas la movió el publicista Alfredo Pintos quien dijo ante la DGI que cuando intentó cobrar servicios en la campaña proselitista del Partido Justicialista por contratos de espacios de propaganda electoral en medios de prensa, en la oficina de Mori le sugirieron que hiciera la factura, no a nombre del PJ, sino de la asociación civil Aciser. Las facturas habrían sido utilizadas para justificar gastos de ATN por una supuesta campaña contra el Sida, cuya existencia no pudo certificar Castoldi. ("El Estado no pudo aplicar las sanciones disciplinarias a la concejal Morard, condenada por el uso irregular de un ATN" FUENTE: Análisis Digital)