
Paraná, 3 de enero (La GACETA on line)
03-01-2006
Denuncian por usurpación al diputado Emilio Castrillón
- El legislador fue denunciado en la Justicia santafesina, por haber ocupado una isla en San Javier · El campo está ubicado frente a la costa entrerriana a la altura de La Paz · Desembarcó con animales y construyó un alambrado ocupando 100 hectáreas que le pertenecen a su vecino. Acumula dos denuncias por usurpación y pese a las órdenes judiciales, el diputado provincial Emilio Aroldo Castrillón, desembarcó cerca de 100 animales en una isla de San Javier, provincia de Santa Fe, y construyó unos 500 metros de alambrado en un terreno que no le pertenece. La isla en cuestión está ubicada en San Javier, frente a la costa entrerriana a la altura de la ciudad de La Paz, donde el diputado es oriundo. El conflicto por la tenencia de esas hectáreas comenzó hace más de un año y medio y pese a las denuncias interpuestas por el propietario y las medidas judiciales, el legislador sigue trasladando sus animales a esa zona para su engorde. La primera denuncia se interpuso en septiembre de 2004, en el Juzgado Correccional Nº 3, a cargo de Orlando Pascua y hasta el momento no ha habido avance en la causa. En la exposición judicial, el propietario de la isla, Luis Antonio Audisio, acusó al diputado entrerriano de haber usurpado su campo, denominado Las Palmas. Vía carta documento, Castrillón se defendió de las acusaciones y dijo que el Gobierno santafesino le concedió, en carácter de “cuidador” y “representante”, la isla fiscal Don Roberto, que según el denunciante es “inexistente”. Aunque el trámite judicial sigue su curso y, a la fecha no se produjo ningún avance en la causa, en diciembre de 2005, el apoderado legal de Audisio se presentó nuevamente en el juzgado santafesino para interponer otra denuncia contra el diputado. Esta vez, por haber desembarcado animales en la isla de su propiedad y por haber construido un alambrado de 500 metros en el inmueble, ocupando 100 hectáreas que no le pertenecen. La isla Las Palmas, de acuerdo a los títulos de propiedad a los que tuvo acceso EL DIARIO, pertenece a la firma Audisio Sociedad Anónima, desde 1988, sin embargo Castrillón dice ser el “cuidador” ad honorem de esa isla, tal cual se lo concedió el Gobierno de Santa Fe. Pero hay una confusión respecto de los límites. Según consta en la última denuncia, Castrillón es propietario de un campo que se encuentra al norte del arroyo Las Palmas y dispuso construir un alambrado ocupando unas 100 hectáreas de las tierras de su vecino Audisio. “(...) Castrillón es propietario de una isla que se encuentra al norte del arroyo Las Palmas el cual divide mi propiedad de la de él, ha procedido a construir mediante personal a su cargo un alambrado de unos 500 metros aproximadamente dentro de mi propiedad corriendo el límite de su isla hacia la mía, lo cual me afecta en mi derecho. Que fui informado de esta situación por el capataz de la isla, el señor Ojeda”, expusó Audisio en la denuncia. No sólo por el alambrado, Castrillón está marcando terreno sino que también —como para que no queden dudas— colocó un viejo pasacalles de una campaña política que lleva su nombre. “La conducta desplegada se revela como con una clara intencionalidad de ingresar de hecho, por la fuerza, a mi propiedad, usufructuando bienes de la sociedad que presido, sin ningún tipo de derecho. La situación planteada, como asimismo la actitud tomada por el señor Castrillón, no han dejado otra alternativa al suscripto, que radicar la presente denuncia, toda vez que no existe absolutamente ningún elemento que pueda justificar ni tan siquiera por error construir dicho alambrado en mi propiedad”, explicó Audisio. Planteado el conflicto, el legislador ahora estaría gestionando en la provincia de Entre Ríos que esas tierras sean anotadas en jurisdicción entrerriana, pese a que en la carta documento adujo que el Gobierno santafesino le había concedido ser el cuidador ad honorem. Tras un cruce de cartas documento, Castrillón le advirtió a Audisio que “mis animales fueron desembarcados en la isla Don Roberto de propiedad del Superior Gobierno de la provincia de Santa Fe, no importando a esta parte si usted reconoce o no mi carácter invocado”, que lo hecho no fue con la intención “de apoderarme en forma indebida del inmueble”, para lo cual, “deberá ejercer en una acción de mensura, deslinde, y acreditación de propiedad y pertenencia del islote”, señaló el legislador paceño. Castrillón agregó “que la hacienda de mi propiedad y el personal a mi cargo en el islote Don Roberto, permanecerá en el lugar hasta que exista una orden judicial en sentido contrario”. Asimismo, señaló que a la “usurpación” la cometió Audisio “y para colmo en isla fiscal”. Incluso, Castrillón llegó a plantear en la carta que “nuestro personal y hacienda únicamente se retirará luego de un combate armado si lo prefiere”. El 15 de diciembre último, el conflicto se agudizó. Audisio —quien en años anteriores había tenido como escribano al padre de Castrillón en algunas operaciones— acudió a Tribunales de Santa Fe a denunciar que el diputado justicialista —a quien reconoce como “propietario de una isla que se encuentra al norte del arroyo Las Palmas”, que divide su propiedad con la de él— ordenó la construcción de un alambrado de unos 500 metros, dentro de la propiedad de la firma Audisio SA. La mencionada tarea la llevaron a cabo cuatro obreros y el capataz de Castrillón, que percibiría haberes en la Secretaría de la Producción. “La situación planteada genera un gran riesgo a futuro para mi persona, ya no sólo por la vulneración del derecho a la propiedad, que está palmariamente demostrado con la injusta intromisión, sino con los riesgos que esto conlleva para con la hacienda que se encuentra a mi cargo en la isla, en lo referente a que al construir un alambrado dentro de mi propiedad, seguramente hay animales que quedarán del otro lado, perdiendo el suscripto toda posibilidad de controlarlos y realizar los trabajos sanitarios a los mismos”, indicó Audisio en su presentación ante el Juzgado Correccional de la Octava Nominación de Santa Fe. Según relató el abogado de Ausidio, tras la presentación judicial, el día 21 de diciembre, personal policial de la Guardia Rural Los Pumas se constituyó en el lugar, con una orden del juez, en la que se le ordenaba a Castrillón que se abstenga de seguir construyendo el alambrado en la isla, al no ofrecer derechos de propiedad. Pero la orden judicial pasó inadvertida para el legislador entrerriano y al día siguiente, los obreros y el capataz volvieron al lugar y siguieron con la construcción, ya que según dijeron era una orden de Castrillón, informó El Diario. (La GACETA on line)